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Editorial The Washington Post
Al regresar a Moscú luego de una visita a Venezuela, el primer ministro ruso
se jactó el lunes de que había vendido al presidente Hugo Chávez otros 5
millardos de dólares en armas, una suma enorme para un ejército de América
Latina. Horas más tarde, la primera reacción de P.J. Crowley, portavoz del
Departamento de Estado de EEUU, cuando se le preguntó acerca del tema fue:
"No nos importa".
Crowley agregó que Washington no veía que hubiera una necesidad legítima de
adquirir todos esos equipos y manifestó preocupación ante la posibilidad de
que los mismos "migren a otras partes de la región". Sin embargo, su primera
reacción fue una muestra demasiado evidente de la constante complacencia con
la que el gobierno de Obama ve el colapso político y económico y el
deterioro de los derechos humanos que vive uno de los principales
proveedores de petróleo de Estados Unidos y adónde puede llevar esa
situación.
La última vez que dimos un vistazo a los acontecimientos en Venezuela,
concretamente en enero, señalamos que la respuesta de Chávez ante la crisis
económica de su país y la caída de su propia popularidad había sido
intensificar la represión contra la oposición. Esta situación continúa: En
las últimas dos semanas, el gobierno arrestó y acusó penalmente a tres
importantes líderes opositores. Uno de ellos es un ex gobernador y ex
candidato presidencial, quien dijo en una entrevista -con toda razón- que
Venezuela se ha convertido en un paraíso de narcotraficantes y terroristas.
Otro es el propietario de la última planta televisiva que se atreve a
criticar a Chávez; y el tercero es un diputado de la Asamblea Nacional que
ha denunciado hechos de corrupción que involucran a miembros de la familia
del presidente.
Chávez emprendió acciones contra el ex gobernador Oswaldo Álvarez Paz
después de que un juez español presentó un acto judicial que acusa al
gobierno y las fuerzas armadas de Venezuela de facilitar contactos entre el
grupo colombiano terrorista de izquierda FARC y la organización terrorista
vasca ETA, que supuestamente estaban conspirando para concretar el
magnicidio del presidente y otros líderes políticos de Colombia. El delito
de Álvarez Paz fue hablar acerca de este asunto. El expediente sustentado en
España constituye una de las numerosas pruebas que demuestran el apoyo que
brinda Chávez al terrorismo. El presidente venezolano no ha ocultado para
nada que prefiere las FARC antes que el gobierno democrático de Colombia.
Esto nos lleva a la última andanada de compras de armas rusas, que se suman
a los 4 millardos de dólares en pedidos de equipos militares que Chávez
había hecho a Moscú. El arsenal incluye tanques T-72, helicópteros MI-17 y
aviones de combate avanzados -armas apropiadas para la guerra convencional
con la que Chávez ha amenazado en varias ocasiones a Colombia.
La respuesta de la administración de Obama ha sido ignorar o no dar tanta
importancia al tema. Ante los arrestos con motivaciones políticas,
Washington reaccionó con superficiales muestras de preocupación. Las vastas
evidencias de apoyo al terrorismo son ignoradas deliberadamente, para evitar
que Estados Unidos se vea obligado a actuar en virtud de sus propias leyes,
las cuales contemplan sanciones en estos casos. Con respecto al flujo de
armas desde Rusia, cuya finalidad es intimidar a uno de los aliados más
cercanos de Washington en América Latina, la administración de Obama
responde públicamente: "No nos importa". Los colombianos -y los venezolanos
promedio- sólo pueden esperar que esta asombrosa indiferencia tenga alguna
justificación.
Traducción: Maryflor Suárez
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